Por Alejandro Urueña - Ética e Inteligencia Artificial (IA) - Founder & CEO Clever Hans Diseño de Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. Magister en Inteligencia Artificial.

La inteligencia artificial y las grandes plataformas tecnológicas se sostienen sobre la extracción masiva de datos personales generados por millones de personas en todo el planeta, incluidos los habitantes de los países en desarrollo, sin abonar compensaciones económicas ni reinvertir beneficios equivalentes en las comunidades de origen. Tal como señaló la investigadora argentina Luciana Benotti, son muy pocas las compañías que dejan valor económico real en el mundo hispanohablante, pese a que se alimentan sin costo de los datos producidos en español. Estas corporaciones no comercializan inteligencia artificial como un bien: ofrecen servicios bajo modalidad de alquiler, centralizando información de empresas y Estados en sus infraestructuras de computación en la nube, apropiándose de esos flujos de datos y reutilizándolos para entrenar nuevos modelos de IA.

Revisar la moratoria de la OMC sobre aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas permitiría comenzar a resguardar este recurso estratégico, exigiendo a las big tech que paguen no solo por la infraestructura que utilizan, sino también por la materia prima informacional que extraen.

Un cambio de este tipo podría fomentar el surgimiento de capacidades locales de almacenamiento de datos y el desarrollo de inteligencia artificial propia, una posibilidad que hoy resulta prácticamente inviable frente al alto nivel de concentración económica y tecnológica de las grandes plataformas globales.

Exportamos soja con retenciones; exportamos tiempo y datos con tarifa cero. Luciana Benotti quien figura en el staff de NAACL como presidenta saliente (2024-2025) propone discutir algo incómodo pero fiscalmente concreto: cobrar cuando los datos salen del país, como se cobra cuando sale un commodity. La idea de fondo es que el Estado pueda recaudar más y que ese refuerzo, vía transferencias, obras y presupuesto, también se sienta indirectamente en las provincias, donde la presión por fondos siempre termina impactando en servicios básicos.

La escala argentina alcanza para entender por qué esto importa. Según DataReportal, en enero de 2024 Argentina tenía 40,58 millones de usuarios de internet y 31,30 millones de usuarios de redes sociales. En paralelo, el reporte global de DataReportal indica que el usuario típico ya pasa 6 horas y 40 minutos online por día y 2 horas y 23 minutos en redes sociales.

Si se aplica ese promedio como regla de tres (usuarios por horas diarias por 365 días), el orden de magnitud es brutal, ese “tiempo conectado” no es un hobby inocente: es el insumo principal de la economía de la atención.

Por minuto, el planeta se comporta como una planta industrial. La serie Data Never Sleeps de Domo lo muestra con crudeza: millones de microacciones por minuto, todos los días. Incluso cuando el ritmo baja, sigue siendo descomunal. En la edición más reciente se destacó que las búsquedas en Google descendieron, pero aun así quedaron en una cifra gigantesca, pasando de 6,3 millones por minuto a 5,9 millones en 2024. Dicho en criollo: cada scroll, cada búsqueda y cada video visto deja señales que luego se convierten en segmentación, recomendación y venta.

Con ese insumo, las plataformas hacen fortuna. Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) no te cobra por entrar: le cobra a terceros por quedarte. En 2024 reportó ingresos por 164.500 millones de dólares y una ganancia neta de 62.360 millones. El propio documento presentado ante la SEC es explícito: la empresa genera prácticamente la totalidad de sus ingresos a partir de la publicidad. En castellano simple: casi toda la facturación se apoya en anuncios, y los anuncios valen más cuanto más tiempo y más datos entrega el usuario.

Alphabet (Google y YouTube) juega el mismo partido: monopolio de la intención (búsqueda), monopolio del hábito (video) y una montaña de datos para convertir en anuncios y productos de inteligencia artificial. En 2024 informó 350.000 millones de dólares de ingresos y 100.118 millones de ganancia neta, según su presentación oficial ante la SEC. El mismo “El Oxígeno” -los datos- que hizo gigante a la publicidad es hoy el combustible de la IA. Por eso circulan advertencias sobre una futura escasez de datos de alta calidad y análisis sobre qué pasará cuando se acaben los datos para entrenar nuevas IA. El negocio ya no es solo venderte un anuncio: es entrenar máquinas con lo que hacemos todos.

Entonces aparece la pregunta fiscal: si el insumo cruza fronteras en forma de bits, ¿por qué no se lo trata como un cruce de frontera? La respuesta está en una regla internacional: la moratoria de la OMC sobre derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. La UNCTAD lo resume así: la prohibición de que los países impongan derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas se originó en 1998 y sigue vigente. Esto habla de impuestos de frontera: no impide cobrar IVA o Ganancias, pero sí condiciona la herramienta más directa para gravar el flujo transfronterizo de lo digital, como explican IISD, la ICC y Public Citizen.

¿De cuánto dinero estamos hablando? En estimaciones conservadoras centradas en 49 productos digitalizables (películas, música, software) un estudio académico citado por UNCTAD calcula que entre 2017 y 2020 los países en desarrollo y los menos desarrollados perdieron alrededor de 55.900 millones de dólares en ingresos arancelarios potenciales, según el paper completo de Rashmi Banga. La propia UNCTAD agrega un dato estructural clave: los países en desarrollo podrían generar cuarenta veces más ingresos arancelarios por año que los países desarrollados si pudieran aplicar derechos de aduana a las transmisiones electrónicas.

Existe además una ventana temporal: tras la Conferencia Ministerial 13 en Abu Dabi, la OMC extendió la práctica hasta la próxima Conferencia Ministerial 14 o hasta el 31 de marzo de 2026, lo que ocurra primero, según el Ministerio de Economía de España. Si Argentina quiere dejar de ser un exportador de scroll sin precio, el debate serio no es un eslogan: es qué cobrar, a quién, por qué mecanismo y con qué garantías para el ciudadano, incluyendo privacidad, transparencia y una devolución tangible en infraestructura digital, ciencia, educación y desarrollo tecnológico local.